Hace casi dos meses, en el día 9 de febrero, dos Guardias Civiles fueron asesinados por una narcolancha en el Puerto de Barbate, en Cádiz. La muerte se dió por un arrollamiento que la embarcación de la Guardia Civil sufrió mientras cumplía con su deber de patrulla por la noche. Sin embargo que ya se han cumplido casi dos meses de esta lamentable ocurrencia, en la política el asunto aún no ha sido olvidado por algunos, y tiene sido usado desde entonces como arma de arrojadiza.
Sin dudas que lo sucedido en el pasado mes de febrero marcó el inicio de una crisis más en el Ministerio del Interior, lo cual fue acusado por algunos, como se capta en entrelíneas de las palabras de Gena Peñalosa, redactora del periódico El Mundo, como incapaz de enfrentarse con el gravísimo problema que tiene por delante con lo que respecta al narcotráfico.
El asesinato también generó una ola de críticas al Gobierno en funciones de izquierdas. A estas críticas, muchos socialistas como José Ramón Ortega, contestaron con hechos del pasado, dando inicio a un verdadero “y tú más”, como de hecho menciona la expresión el periódico regional La Voz de Cádiz. Mientras a algunos a la izquierda parecía urgente apuntar al Partido Popular ocurrencias similares en sus años de liderazgo, el Partido de Alberto Núñez Feijóo, presentaba propuestas con el objetivo de evitar más ocurrencias, así como valorar el estatuto de la profesión de Guardia Civil. Según se puede leer en un artículo publicado por el PP en el pasado día 3, “en el Partido Popular trabajamos para mejorar la vida de los policías y la Guardia Civil, frente al Gobierno de Sánchez, al que solo le preocupa sobrevivir y seguir un día más en Moncloa”.
En última instancia, el combate al narcotráfico y la protección de las fuerzas policiales son desafíos que requieren una respuesta integral y coordinada por parte de todas las fuerzas políticas. Desde el fortalecimiento de los recursos hasta el reconocimiento y protección de los agentes, es esencial adoptar una estrategia integral para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos. En un momento en que el crimen organizado desafía la autoridad del Estado, es fundamental demostrar un compromiso con el Estado de derecho y la seguridad pública.
Reconociendo esto, el senador del Partido Popular, Gerardo Camps, critica la negativa del Gobierno socialista y sus aliados de izquierda en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y en el Pleno del Senado español, y propone considerar a la Policía Nacional y la Guardia Civil como profesiones de riesgo. Camps destaca la importancia de reconocer el riesgo que enfrentan estos cuerpos de seguridad, subrayando su papel en la preservación de los valores democráticos y la seguridad de los ciudadanos. Lamenta que estos grupos no respalden la propuesta del PP para cambiar esta situación.
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