Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior, enfrenta juicio histórico por dirigir operación parapolicial Kitchen, sacudiendo la política española
La trama del Caso Kitchen, un episodio que ha conmocionado la política española, ha llegado a un punto crítico con los autos de fin de investigación y la apertura de juicio oral dictados en fechas significativas: el 30 de julio de 2021 y el 13 de octubre del mismo año. Estas fechas marcan el inicio formal del proceso judicial que pondrá bajo escrutinio la conducta de altos funcionarios del Ministerio del Interior durante el gobierno del Partido Popular.
Este caso representa el tercer capítulo en las controvertidas actividades de la brigada política del Partido Popular (PP), siguiendo la operación Catalunya y maniobras contra Podemos. La Operación Kitchen, sin embargo, ha generado particular atención debido a su alcance y gravedad. La Fiscalía acusa a Fernández Díaz y a su cercano colaborador del Ministerio, Francisco Martínez, de orquestar esta operación parapolicial para destruir pruebas relacionadas con la financiación irregular del PP, conocida como «caja B», y el caso Gürtel.
Con la llegada al poder del Partido Popular un mes después del anuncio del fin de la violencia de ETA en junio de 2018, el presidente Mariano Rajoy designó a Fernández Díaz como ministro del Interior. Bajo su supervisión, varios funcionarios llevaron a cabo seguimientos ilegales a la familia del extesorero del PP, Luis Bárcenas, en busca de pruebas que pudieran incriminar al partido.
La operación Kitchen fue urdida por figuras influyentes, entre ellas el polémico comisario José Manuel Villarejo, “y una lista de mandos policiales que ya habían protagonizado las dos fases anteriores de la guerra sucia”. Su misión era salvar al Partido Popular de ser investigado en casos de corrupción, y para lograrlo, recurrieron a tácticas ilegales de espionaje.
La Fiscalía Anticorrupción describe la Kitchen como «una ilícita operación policial de inteligencia dirigida a obtener tanto información como pruebas materiales que pudieran resultar incriminatorias para el Partido Popular y sus máximos dirigentes» en relación con la caja B y Gürtel. La participación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que estaba bajo la supervisión de Soraya Sáenz de Santamaría, ha añadido capas de complejidad a este escándalo. Las especulaciones sobre la posible implicación del CNI en la operación subrayan la profundidad del problema y cuestionan la supervisión de las agencias de inteligencia del país.
«El escándalo del Caso Kitchen ha llevado a la Fiscalía a solicitar duras penas de cárcel para los involucrados. Según el escrito de acusación de febrero, se piden 19 años de prisión para José Manuel Villarejo, quien reclutó al chófer; 15 años para figuras clave como (…) Francisco Martínez”, el responsable de la coordinación de la seguridad del Estado en ese momento. La Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) desplegó múltiples tácticas controvertidas, incluyendo el clonado de dispositivos móviles y seguimientos las 24 horas a la familia Bárcenas.
El inspector jefe Manuel Morocho, encargado de dirigir la investigación de la financiación irregular del PP, desmintió las afirmaciones de los acusados de que estaban recabando pruebas. Morocho describió en detalle el acoso y sabotaje que sufrió durante su investigación por parte de los responsables del Ministerio del Interior. Su testimonio, junto con el de otros testigos clave, será fundamental para arrojar luz sobre las maquinaciones internas del gobierno en ese período y establecer la verdad detrás de la operación Kitchen.
A pesar de la gravedad del caso, ha habido poco interés mediático, y el actual líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, parece distante de la polémica.
El Caso Kitchen no solo revela las sombras en el corazón del sistema político español, sino que plantea preguntas cruciales sobre la integridad y la responsabilidad en las altas esferas del poder. A medida que el juicio se avecina, España se prepara para un momento histórico que podría cambiar el curso de la política del país y redefine la confianza en sus instituciones. Este escándalo no solo representa un desafío para el sistema judicial español, sino también una oportunidad para demostrar que la justicia prevalecerá incluso cuando se trata de los más poderosos del país.
Las penas de los involucrados
Jorge Fernández Díaz: Considerado el cerebro detrás de la operación ilegal. La Fiscalía pide 15 años de prisión y 33 años de inhabilitación.
Francisco Martínez: Exsecretario de Estado de Seguridad y mano derecha de Fernández Díaz. La Fiscalía solicita 15 años de prisión y 33 años de inhabilitación.
Eugenio Pino: Exjefe de la Policía Nacional, a quien Martínez encargó la planificación y desarrollo de Kitchen. Se le piden 15 años de prisión y 33 años de inhabilitación.
José Manuel Villarejo: Comisario encargado de ejecutar la trama, quien reclutó al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, como confidente. Ya condenado por otros proyectos de espionaje, se le piden otros 19 años por este caso.
Enrique García Castaño: Comisario responsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía, comprometido en la operación. La Fiscalía le solicita 12 años y 6 meses de prisión.
Andrés Gómez Gordo: Comisario vinculado a María Dolores de Cospedal, que facilitó la captación de Sergio Ríos y entregó parte de los fondos reservados. Se le piden 15 años de prisión.
Sergio Ríos: El chófer que traicionó a Bárcenas y proporcionó información a la trama. La Fiscalía solicita 12 años, 5 meses y 15 días de prisión.
Martín Blas: Comisario que, al menos en una primera fase, habría involucrado a funcionarios de la Unidad de Asuntos Internos. Se le piden 2 años y 6 meses de prisión.
José Luis Olivera: Exresponsable de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) con conocimiento de Kitchen. El juez plantea que pudo haber intentado sobornar a uno de los investigadores. La Fiscalía no ha presentado aún su acusación.
José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano: Inspectores jefe de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía, colaboradores de Pino. La Fiscalía aún no ha presentado su acusación.
Fuentes: El País, elDiario
