La última semana ha sido decisiva en la política migratoria española. El Gobierno ha aprobado un decreto de regularización extraordinaria que permitirá a alrededor de 500. 000 inmigrantes sin papeles solicitar un permiso de residencia y trabajo. La medida, que se puso en marcha formalmente el 16 de abril, pretende integrar legalmente a quienes llevan tiempo viviendo y trabajando en España en situación irregular, con efectos sociales y económicos de largo alcance.
Como recoge El País, el decreto fue aprobado en el Consejo de Ministros y publicado en el Boletín Oficial del Estado, lo que ha permitido que la plataforma telemática para presentar las solicitudes quedara disponible de inmediato y que a partir del 20 de abril también se pueda hacer el trámite de forma presencial en oficinas distribuidas por todo el país.
La decisión se basa en criterios concretos: los solicitantes deben haber residido en España antes del 1 de enero de 2026, demostrar una estancia continua de al menos cinco meses, no tener antecedentes penales y acreditar otros requisitos como actividad laboral o convivencia familiar. Las autoridades también han puesto en marcha mecanismos administrativos para ayudar a gestionar documentos complicados, como certificados de antecedentes desde los países de origen.
Periódicos como 20 Minutos han destacado las vivencias de personas que llevan años en la sombra legal, viviendo con miedo a controles policiales o sin acceso pleno a derechos básicos. Estos relatos humanos muestran la urgencia que sienten muchos por dejar atrás la precariedad y poder cotizar, trabajar con contrato y acceder a servicios públicos sin riesgos.
Desde el Gobierno, la ministra responsable ha defendido la medida como un acto de justicia y de integración social, subrayando que quienes podrán acogerse a la regularización ya forman parte de las comunidades donde estudian sus hijos, trabajan o mantienen redes familiares. Esta visión conecta con argumentos extendidos en sectores progresistas, que ven la integración legal como una forma de reducir la explotación laboral y de fortalecer la participación plena de estos trabajadores en la economía formal.
Sin embargo, la medida también ha generado controversia política. Sectores de la oposición conservadora critican el uso del decreto para evitar el paso por el parlamento y alertan sobre un posible efecto llamada que podría incentivar entradas irregulares en el futuro. 20 Minutos informó también de que partidos como el PP y Vox han anunciado recursos legales y plantean dudas sobre las implicaciones en servicios públicos y vivienda, aunque las autoridades aseguran que los beneficiarios ya estaban integrados en muchos ámbitos de la vida cotidiana. Desde una perspectiva combinada, la regularización en España representa un punto de inflexión en su política migratoria: por un lado, responde a las necesidades de una sociedad con una población envejecida y sectores económicos con déficit de mano de obra; por otro, desafía posturas más restrictivas que predominan en otros países europeos. Para los inmigrantes afectados, supone una oportunidad real de legalizar su situación tras años de precariedad, mientras que para algunos críticos políticos plantea debates sobre soberanía, capacidad administrativa y sostenibilidad de servicios públicos.
Fuentes:
https://english.elpais.com/spain/2026-04-14/spain-approves-granting-legal-status-to-around-500000-undocumented-migrants.html
https://www.20minutos.es/nacional/regularizacion-inmigrantes-comenzara-este-jueves-deja-fuera-declaracion-jurada-para-acreditar-ausencia-antecedentes_6957889_0.html
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